La UE impone barreras legales a la inversión especulativa

  • 0 Respuestas
  • 907 Vistas
Bruselas ha aprobado una directiva para obligar a todos los fondos que inviertan en una compañía cotizada en cualquier Bolsa europea a desvelar públicamente su estrategia e implicación con la sociedad participada.

La Unión Europea se prepara para poner coto a los fondos que invierten a corto plazo en compañías cotizadas, ya que acaba de aprobar una directiva pionera a nivel mundial que obligará a estos inversores a hacer pública su estrategia de inversión en el sentido más amplio del término. Se trata de la directiva de la Comisión y del Parlamento Europeo 2017/828, de 17 de mayo de 2017, sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas.
Los nuevos requisitos de información
Cuando entre en vigor la nueva directiva europea sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas, todos los fondos deberán hacer pública la siguiente información:
- Estrategia de inversión y cómo se aplica en la práctica.
- Política de implicación con la compañía participada y cómo se piensa ejercer los derechos de la inversión. Por ejemplo, el sentido del voto en la junta.
- Explicar la composición y rotación de las carteras de valores (cuándo y por qué compran o venden acciones).
- Instrumento de la inversión (vía deuda o capital).
La nueva directiva, que deberá trasladarse a los ordenamientos de los estados miembros entre 2018 y 2019 como muy tarde, marca una tendencia "hacia una nueva política legislativa de la Unión Europea en relación con las grandes sociedades cotizadas", tal y como explica Alberto Alonso Ureba, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y responsable de societario de Ramón y Cajal Abogados.
En cuanto a la necesidad de regular este ámbito, este experto se remite a la propia exposición de motivos de la directiva de la UE: "La experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que los inversores institucionales y los gestores de sus activos no suelen implicarse en las sociedades en las que invierten" y desde los mercados de capitales "ejercen presión sobre las firmas para que obtengan resultados a corto plazo, poniendo en riesgo las inversiones en I+D y, ligado a ello, la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo de las sociedades en perjuicio de éstas, de los inversores últimos (pequeños accionistas) y de la sociedad civil".
En opinión del catedrático, no hay que olvidar que los grandes fondos representan, de media, más del 50% del capital social de las compañías europeas y, por tanto, su estrategia de inversión tiene importantes repercusiones en la evolución de las empresas en las que participan. "Son capaces de controlar grandes porcentajes de un grupo y no hay que confundirlos con un accionista particular, ya que son profesionales de la inversión". Y, según el experto, buscar la rentabilidad a corto plazo no siempre es lo mejor para una compañía, que crea valor en el largo plazo.
Alberto Alonso Ureba explica que cada país podrá llevar esta directiva tan lejos como desee, pero hay unos mínimos que todos deberán exigir. Los fondos de inversión que participen en alguna sociedad cotizada europea, independientemente de dónde tengan su sede (por lo que afectaría también a los de Estados Unidos, principal país de donde proceden este tipo de firmas), deberán publicar información sobre las estrategias de inversión y cómo las aplican; las políticas de implicación en las sociedades y cómo tienen pensado ejercer sus derechos, como el de voto en las juntas; los gestores de activos deberán explicar la composición y rotación de las carteras de valores, es decir, cuándo y por qué compran o venden acciones de una compañía, e incluso tendrán que hacer público los instrumentos que utilicen, como los préstamos.
Rendir cuentas
También será obligatorio introducir mecanismos de evaluación y rendición de cuentas de los gestores, así como ser transparentes con los acuerdos entre inversores institucionales (por ejemplo, en el caso de alianzas para tomar el control de una empresa o alinear su voto en una junta) y la política de remuneración de los gestores.
En la práctica, esto supone que las firmas de inversión colectiva deberán "hacer pública la política de implicación en las sociedades en las que participan y abordar expresamente cómo hacen el seguimiento de la estrategia de la sociedad, así como de sus riesgos, rendimientos financieros y no financieros, impacto social y medioambiental, estructura de capital y gobierno corporativo; también han de explicar cómo ejercen los derechos de voto, cómo cooperan y se comunican con otros accionistas o qué contactos mantienen con las sociedades en las que invierten", explica Ureba. Esta política deberá difundirse en la página web de cada fondo, aunque los países de la UE podrán establecer otros mecanismos adicionales para dar publicidad a la información.
La polémica está servida porque, como apunta el catedrático, esta normativa es pionera a nivel mundial y "supone una revolución en los temas de buen gobierno", sobre todo en Europa, donde hasta ahora estas medidas eran recomendaciones voluntarias y ahora no sólo se hacen obligatorias, sino que además se extienden a los grandes accionistas, que podrían incluso verse forzados a publicar información sensible que dé pistas también a sus competidores. En opinión del experto de Ramón y Cajal, "la clave está en la medida con la que se aplique, sin forzar a revelar datos que sean estratégicos o competitivos". Aun así, habrá que esperar alrededor de un año hasta que se conozca el alcance real de la normativa en cada país europeo.
Más transparencia para los 'proxy advisors'
La nueva directiva europea también afecta a otros actores clave en la inversión de cotizadas: los 'proxy advisors' o asesores de voto. El papel de estos expertos siempre ha estado en el punto de mira, generalmente por parte de las propias compañías, que se quejan del poder en la sombra que tienen estos asesores sin ser accionistas. Cuando entre en vigor la normativa, los 'proxy advisors' tendrán la obligación de aprobar y difundir su código de conducta, así como explicar si lo cumplen o no. También deberán revelar a los mercados sus procedimientos de investigación, asesoramiento y recomendaciones de voto, e incluso informar de si existe algún tipo de situación o relación que suponga un conflicto de interés a la hora de emitir su informe. Al margen de lo polémica que pueda resultar esta medida, el catedrático y responsable de societario de Ramón y Cajal Abogados, Alberto Alonso Ureba, ve con buenos ojos este tipo de avances legislativos en la Unión Europea, porque, en su opinión, "está en juego la confianza de la sociedad civil en los mercados de capitales", ya que tanto los 'proxy advisors' como los grandes fondos, "gracias a sus políticas de inversión y desinversión, tienen la capacidad de influir en la gestión y el control de una compañía más allá de su participación en las juntas generales".

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/07/19/596f8de3e5fdea62658b467c.html