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Este martes pasado se conocía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que va a traer cola y que  imagino que ya habrá caído como una bomba en el país vecino y en todo el sector de las telecos. En pocas palabras: las ayudas estatales a France Telecom son ilegales. El operador francés de referencia lleva una década jugando a un doble juego peligroso y Luxemburgo acaba de pillarle.

France Telecom es un operador semi privado que compite en un mercado abierto, y bien intenso, el francés, además de estar presente en muchos otros países europeos, con mayor o menor fortuna, pero siempre como compañía totalmente privada. En España, por ejemplo, bajo la marca Orange -presidida por Jean Marc Vignolles y con buenos resultados en el mercado móvil y cierta ambición de quedarse.

Sin embargo, el Estado francés posee todavía más de un 27% del operador, y en su país, France Telecom ha recibido ayudas públicas, en concreto una línea de crédito de 9.000 millones de euros, lo que, forzosamente, le convierte en un operador distinto de los demás, lo mires por donde lo mires. Bajo la figura de ââ,¬Å"proyecto de contrato de anticipo de accionistaââ,¬Â, que parece un concepto de guión cómico, Francia ha ofrecido apoyo a su operador estrella. A la Comisión nunca le ha gustado ese proteccionismo estatal y le ha estado buscando las costuras a esos préstamos desde 2004. Ayer se las encontró.

Imagínense si aquí el Estado ofreciera créditos a costa de los presupuestos a una compañía como Telefónica: no tardarían en levantarse voces desde los competidores, el regulador, la oposición y las asociaciones de consumidores. Y sin embargo es algo que está ocurriendo, y aquí al lado. Y ese operador con financiación estatal compite en el mercado español sin que ocurra nada, y eso sí, con fondos que parecen ilimitados para continuar regalando dispositivos de última generación a quien se acerque.

La sentencia clarifica las reglas del juego sobre ayudas estatales: las ventajas concedidas mediante fondos públicos no gustan a Europa. Pero el litigio no ha terminado. Ahora el caso vuelve al Tribunal General de la Unión Europea para estudiar pormenorizadamente los detalles del préstamo.

No sólo eso, la sentencia marca la diferencia entre los gobiernos que protegen a sus empresas estratégicas y aquellos que no lo hacen, lo que comporta una asimetría y una competencia falseada. Por ejemplo, los países que, como España, han privatizado sus compañías y aquellos que, como Francia e Italia, han decidido mantenerlas en la órbita púbica, jugando así con ventaja y aprovechando para conquistar nuevos mercados.

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